La Policía Metropolitana informó sobre las primeras tres capturas por incendios provocados en zonas boscosas del Valle de Aburrá, lo que incrementa los riesgos en un momento de alerta por el fenómeno de El Niño y la incidencia que están teniendo las conflagraciones.
Según el teniente coronel Pedro Isaza, comandante del Distrito Seis Norte de la Policía Metropolitana, una de las capturas por estos hechos se registró en Bello y dos más en Barbosa, ambos municipios del norte del Valle de Aburrá, y dijo que en los tres casos la reacción de las autoridades se dio gracias a denuncias de la comunidad.
En el caso de Bello, la persona capturada es un hombre de 61 años, quien estaba prendiendo fuego a una zona del cerro Quitasol y fue sorprendido por patrullas de la Policía; ya fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.
Sobre este caso se tiene la hipótesis de que la quema provocada estaría haciéndose en el marco del loteo en el municipio, uno de los problemas que en este momento tratan de combatir las autoridades. De hecho, el secretario de Seguridad de Bello, José Rolando Serrano, reiteró lo que ya se sabe: que un porcentaje importante de las quemas provocadas y el loteo tiene que ver con rentas criminales y que están investigando cuáles estructuras ilegales están detrás.
El funcionario agregó que esta problemática afecta a todos los barrios ubicados en inmediaciones del cerro Quitasol, en el sector de Niquía, a la parte alta de Pachelly, Potrerito, Tierra Adentro y Las Araucarias, donde se han presentado quemas para el posterior loteo.
Por su lado, en la vereda Vallecitos de Barbosa, la comunidad denunció y se logró capturar en flagrancia a dos hombres de 23 y 39 años, quienes también estaban quemando la vegetación, al parecer, para emplear el terreno con proyectos agrícolas.
Ambos fueron también puestos a disposición de la Fiscalía. Todos los capturados podrían responder por ecocidio, daño a los recursos naturales, que podría ser sancionado incluso con condenas hasta de 8 años de prisión.
Las autoridades mantienen las acciones de control en todos los municipios para evitar que se sigan provocando quemas indiscriminadas que pueden salirse de las manos y provocar incendios de grandes magnitudes con consecuencias desastrosas para el medioambiente.
