El Gobierno recibió a 73 delegaciones en la Casa de Nariño para detallar la situación a la que se enfrentaría el presidente Gustavo Petro por la investigación del CNE contra su campaña. Aunque contó con la presencia de Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU, los países evalúan las implicaciones de sentar posición.
La Fiscalía Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió investigación por la denuncia del delito de prevaricato contra los siete magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), que determinaron formular cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, al encontrar indicios de que se violaron los topes establecidos por la ley en más de $5.000 millones.
Entre las labores judiciales que estarán a cargo de este órgano de control, junto a la Policía Nacional, se adelanta la solicitud de una copia de la decisión que adoptó el CNE durante los hechos.
La denuncia recayó sobre los magistrados autores de la ponencia Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz y Alfonso Campo. Asimismo, contra Maritza Martínez, Altus Baquero, Cristian Quiroz y el presidente del CNE César Lorduy, que apoyaron la investigación en contra del presidente de la República.
En ese sentido, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, aseguró que se encuentran trabajando en la recolección de pruebas para tomar decisiones sobre la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente, que lideraba Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
